Leyes desde 1992 – Vigencia expresa y control de constitucionalidad LEY_0546_1999

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LEY 546 DE 1999

Diario Oficial No. 43.827 de 23 de diciembre de 1999

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Franquista para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de economía destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION DE LA LEY.   Esta ley establece las normas generales y señala los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Doméstico para regular un sistema especializado de financiación de vivienda individual a dispendioso plazo, unido al índice de precios al consumidor y para determinar condiciones especiales para la vivienda de interés social urbana y rural.

PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las entidades del sector solidario, las asociaciones mutualistas de peculio y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados, el Fondo Franquista del Capital y cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito, podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda constitucional colombiana o en Unidades de Valía Vivo, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales.

ARTICULO 2o. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA PRESENTE LEY. El Gobierno Doméstico regulará el sistema especializado de financiación de vivienda de amplio plazo para fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna, de conformidad con los siguientes objetivos y criterios:

1. Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda.

2. Proteger y fomentar el economía destinado a la financiación y a la construcción de vivienda, manteniendo la confianza del público en los instrumentos de captación y en los establecimientos de crédito emisores de los mismos.

3. Proteger a los usuarios de los créditos de vivienda.

4. Propender por el expansión de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a extenso plazo.

5. Velar para que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la capacidad de cuota de los deudores.

6. Suministrar el llegada a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia.

7. Promover la construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan asequible la vivienda a un decano núúnico de familias.

8. Priorizar los programas y soluciones de vivienda de las zonas afectadas por desastres naturales y actos terroristas.

ARTICULO 3o. Mecanismo DE Valencia Auténtico (UVR). La Pelotón de Valía Positivo (UVR) es una mecanismo de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con pulvínulo exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, cuyo valencia se calculará de conformidad con la metodología que establezca el Consejo de Política Económica y Social, Conpes. Si el Conpes llegare a modificar la metodología de cálculo de la UVR, esta modificación no afectará los contratos ya suscritos, ni los bonos hipotecarios o títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria de vivienda ya colocados en el mercado.

El Gobierno Franquista determinará la equivalencia entre la UVR y la Dispositivo de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de transición de la UPAC a la UVR.

ARTICULO 4o. PARTICIPANTES. Harán parte del sistema especializado de financiación de vivienda:

1. El Consejo Superior de Vivienda.

2. Los establecimientos de crédito que otorguen préstamos con este objetivo.

3. Los ahorradores e inversionistas.

5. Los constructores, y

6. Los demás agentes que desarrollen actividades relacionadas con la financiación de vivienda tales como fondos hipotecarios, sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de patrimonios autónomos, sociedades titularizadoras y otros agentes o intermediarios.

ARTICULO 5o. CONVERSIÓN DE LAS CORPORACIONES DE Economía Y VIVIENDA. A partir de la vigencia de la presente ley, las corporaciones de economía y vivienda tendrán la naturaleza de bancos comerciales. Para tal objetivo, dispondrán de un plazo de treinta y seis (36) meses con el fin de realizar los ajustes necesarios para adecuarse a su nueva naturaleza.

Los establecimientos bancarios que posean participación accionaria en corporaciones de reducción y vivienda que se conviertan en bancos comerciales en virtud de lo dispuesto en la presente ley, deberán enajenar dicha participación en el interior de los cinco (5) años siguientes a la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 6o. CONSEJO SUPERIOR DE VIVIENDA. Créase el Consejo Superior de Vivienda, como organismo asesor del Gobierno Franquista en todos aquellos aspectos que se relacionen con la vivienda.

El Consejo estará conformado así:

1. El Ministro de Ampliación Econóadefesio o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

3. El Director del Unidad Franquista de Planeación o su delegado.

4. El Superintendente Bancario o su delegado.

5. El Superintendente de Títulos o su delegado.

6. El Superintendente de Sociedades o su delegado.

7. El Superintendente de Subsidio Sabido o su delegado.

8. Un representante de las organizaciones populares de vivienda.

9. Un representante de los constructores.

10. Un representante de los establecimientos de crédito.

11. Un representante de los usuarios de crédito individual de vivienda, predilecto de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Franquista.

12. Un representante de los trabajadores, preferido de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Franquista.

13. Un representante de las Cajas de Compensación Emparentado, electo por el Consejo Superior de Subsidio Usual.

14. Un representante del sector inmobiliario doméstico, escogido de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Doméstico.

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, de conformidad con lo que disponga el reglamento, a quien le corresponderá entre sus funciones, la de calcular y divulgar el valencia diario de la Dispositivo de Valencia Positivo.

PARAGRAFO. El Consejo creado en este artículo hacerse cargoá las funciones del Consejo Superior de Vivienda de que prostitución la Ley 3a. de 1991.

ARTICULO 7o. REUNIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE VIVIENDA. El Consejo Superior de Vivienda se reunirá como mínimo dos veces al año y tendrá las siguientes funciones:

1. Asesorar al Gobierno Franquista en la formulación, coordinación y ejecución de la Política de Vivienda, particularmente la de interés social.

2. Revisar los costos para adquisición de vivienda, tales como los gastos por concepto de impuestos, tarifas, tasas.

3. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en explicación de los programas de ejecución de la política de vivienda.

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos y criterios del sistema especializado de financiación de vivienda de amplio plazo, consagrado en la presente ley.

5. Establecer y divulgar las estadísticas que afecten a la construcción y financiación de vivienda.

6. Velar por el cumplimiento de las condiciones de transferencia e información en las actividades de las diferentes entidades involucradas en el sistema especializado de financiación de vivienda a dadivoso plazo.

7. Moralizar a la Acoplamiento Directiva del Parcialidad de la República la intervención temporal en los márgenes de intermediación de los créditos destinados a la financiación de vivienda.

8. Guiar los seguros y riesgos que deban tener los activos que se financien.

9. Encargar incentivos para la adquisición y comercialización de bonos y títulos hipotecarios.

10. Presentar anualmente al Congreso de la República un referencia acerca del déficit cuantitativo y cualitativo, urbano y rural de vivienda, en el nivel franquista y regional, en forma integral y por categoría socioeconóadefesio.

11. Las demás que le asigne la ley.

Posibles PARA LA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA

ARTICULO 8o. Fortuna PARA LA FINANCIACION DE VIVIENDA. Además de las operaciones autorizadas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sin perjuicio de las facultades de las Superintendencias Bancaria y de Títulos en sus áreas de competencia, el Gobierno Franquista reglamentará nuevas operaciones destinadas a la financiación de vivienda, expresadas en UVR. de conformidad con las disposiciones de la presente ley, y establecerá estímulos especiales para canalizar capital del peculio remunerado a la tino con destino a la financiación de vivienda.

 Se autoriza a los establecimientos de crédito la emisión de bonos hipotecarios los cuales se enmarcarán internamente de los siguientes lineamientos.

1. Serán títulos títulos de contenido crediticio.

2. Serán emitidos por los establecimientos de crédito y tendrán como finalidad monopolio cumplir los contratos de crédito para la construcción de vivienda y para su financiación a derrochador plazo.

3. Los créditos que obtengan financiación mediante la emisión de bonos hipotecarios deberán estar garantizados con hipotecas de primer punto, que no podrán asegurar ninguna otra obligación.

4. Los créditos que hayan sido financiados con bonos hipotecarios no podrán ser vendidos, ni cedidos o transferidos de ninguna guisa, ni sometidos a ningún tributo, ni utilizados como garantías por el emisor de los respectivos bonos, con excepción de lo señrápido en el artículo próximo.

Con todo, el establecimiento de crédito emisor podrá acordar con otro establecimiento de crédito que éste asuma la obligación de satisfacer los bonos, para lo cual cederá la correspondiente cartera hipotecaria, de conformidad con las normas que al respecto expida el Gobierno Doméstico, siempre que dichas operaciones cuenten con la autorización de la Superintendencia Bancaria, previo concepto propicio del Consejo Asesor y el consentimiento de la Asamblea de los tenedores de bonos.

5. El emisor, o quien haya asumido la obligación de remunerar los bonos, será responsable por la administración y gestión de los activos que se financien mediante los mismos, delante los tenedores de dichos bonos. Para el finalidad, deberá suscribir un entendimiento de administración.

6. La Superintendencia Bancaria establecerá obligaciones de revelación contable que garanticen el adecuado conocimiento del público sobre el valencia de aquella parte de los activos que, no obstante figurar en el movimiento de los establecimientos de crédito, no forman parte de la prenda militar de los acreedores de los mismos, en caso de liquidación de la entidad emisora, de acuerdo con lo establecido en el artículo ulterior.

7. La Superintendencia de Títulos señalará los requisitos y condiciones para la emisión y colocación de los bonos que se emitan en mejora de lo aquí previsto, los cuales deberán promover su homogeneidad y solvencia. En todo caso, los bonos a que se refiere el presente artículo serán desmaterializados y podrán negociarse a través de las Bolsas de Títulos.

ARTICULO 10. EVENTO DE LIQUIDACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO QUE TENGA BONOS HIPOTECARIOS EN CIRCULACIÓN. Cuando por cualquier circunstancia se decida anular un establecimiento de crédito que tenga en circulación bonos hipotecarios, o que haya asumido la obligación de pagarlos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo antedicho, se aplicarán en relación con los bonos hipotecarios, las siguientes normas:

1. Se entenderá que tanto los créditos financiados mediante dichos bonos, como los fondos recaudados para aplicar a los mismos y las garantías o derechos que los amparen o respalden, pertenecen a los tenedores de los bonos y no a la entidad en liquidación. Para el impresión, se identificarán los créditos y demás activos que pertenecen al conjunto de tenedores de cada una de las emisiones, a las que se les dará, para todos los bienes, tratamiento separado.

En el caso previsto en el presente artículo, los créditos hipotecarios que respaldan los bonos no constituirán parte de la prenda universal de los acreedores del emisor o de quien haya asumido la obligación de pagarlos en el proceso de liquidación y, por lo tanto, estarán excluidos de la masa de ingresos del mismo para cualquier sensación lícito.

2. En ningún caso la entidad en liquidación podrá ceder, con la responsabilidad de remunerar los bonos, la cartera hipotecaria.

3. La Superintendencia de Títulos convocará a las asambleas de tenedores de tales títulos para que decidan, respecto de cada emisión, correctamente sobre la enajenación de los créditos y el correspondiente prepago total de los respectivos bonos, o proporcionadamente sobre la cesión a otro establecimiento de crédito o a una sociedad fiduciaria en su calidad de administradora de patrimonios autónomos, del resolución de administración de los bonos, incluyendo la cesión de los créditos y de sus respectivas garantías, y la entrega de los fondos recaudados y de los pendientes de recaudo y de las demás garantías o derechos que los amparen o respalden. En el evento de cesión del pacto de administración, el cesionario sólo será responsable de la administración de la emisión.

4. Si se optare por la enajenación de los créditos otorgados bajo este sistema y por cualquier razón quedare un remanente después del suscripción de los bonos hipotecarios, éste se restituirá a la entidad en liquidación.

PARAGRAFO 1o. En caso de que se decida la saldo de los activos hipotecarios o la cesión del resolución de administración, se entenderá que los tenedores de bonos pierden su calidad de acreedores de la entidad en liquidación.

En caso de que, interiormente del término de noventa días, no se decida la cesión del entendimiento de administración de la emisión o la saldo de los activos, no se aplicará lo previsto en el presente artículo y, por lo mismo, los activos hipotecarios se restituirán a la masa de la liquidación y los tenedores de los bonos se entenderán reconocidos por sus respectivas acreencias, en el proceso liquidatorio.

PARAGRAFO 2o. Si algún establecimiento de crédito o una sociedad fiduciaria en su calidad de administradora de patrimonios autónomos acepta la cesión del resolución de administración, deberá informar al depósito centralizado de títulos donde se encuentran inscritos los bonos, que dicha emisión sólo cuenta con la garantía de la cartera hipotecaria.

PARAGRAFO 3o. Para todos los bienes legales, las operaciones a que se refiere el numeral tercero del presente artículo se entenderán perfeccionadas con el solo acuerdo entre el representante justo de los tenedores de bonos y el nuevo administrador o el adquiriente de la cartera hipotecaria, según fuere el caso. Dicho acuerdo será suficiente para que el nuevo administrador o el nuevo propietario de los créditos se entienda legitimado para tener la llave de la despensa, cobrar e incluso ejecutar judicialmente las garantías cedidas o los créditos enajenados, con las facultades que correspondían al inicial administrador, o al reclamante, según el caso.

ARTICULO 11. CREADORES DE MERCADO. El Gobierno Franquista establecerá condiciones que permitan a las personas jurídicas sometidas a la vigilancia y control de las Superintendencias Bancaria o de Títulos, que cuenten con la capacidad financiera y la solvencia que determine el Gobierno Doméstico, para ejecutar como originadores y como creadores de mercado de los bonos y títulos hipotecarios a que se refiere la presente ley. Para estos propósitos, el Gobierno Doméstico diseñará y adoptará mecanismos que permitan otorgar cobertura de riesgos de tasas de interés, de solvencia y de crédito, entre otros.

El Gobierno Franquista creará y promoverá los mecanismos necesarios que aseguren el mercado secundario de los bonos y títulos hipotecarios y las condiciones en que se ofrezcan tales mecanismos.

ARTICULO 12. TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA Y DE LOS CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL. Sin perjuicio de la autorización procesal con que cuentan las sociedades fiduciarias, los establecimientos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1 o de la presente ley podrán emitir títulos representativos de (i) cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios desembolsados y a créditos hipotecarios futuros en ampliación de contratos de compraventa de créditos hipotecarios futuros, y (ii) contratos de leasing habitacional, para financiar la construcción y la adquisición de vivienda, incluyendo sus garantías o títulos representativos de derechos sobre los mismos y sobre las garantías que los respaldan y los acervo inmuebles que constituyen su objeto para el caso de contratos de leasing habitacional, cuando tengan como propósito enajenarlos en el mercado de capitales. Dichos títulos sólo contarán, de parte de los respectivos emisores, con las garantías o compromisos respecto de la administración y el comportamiento financiero de los activos, que se prevean en los correspondientes reglamentos de emisión.

Los establecimientos de crédito podrán otorgar garantías a los títulos representativos de proyectos inmobiliarios de construcción.

Los establecimientos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1 o de la presente ley también podrán transferir su cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios desembolsados y a créditos hipotecarios futuros en explicación de contratos de compraventa de créditos hipotecarios futuros, incluyendo las garantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías, así como los contratos de leasing habitacional incluyendo los caudal inmuebles que constituyen su objeto, a sociedades titularizadoras, a sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de patrimonios autónomos o a otras instituciones autorizadas por el Gobierno Franquista, con el fin de que estas emitan títulos hipotecarios con sujeción a la normatividad aplicable a la titularización de tales activos hipotecarios. Los títulos hipotecarios emitidos a partir de contratos de leasing habitacional se sujetarán a las mismas reglas, condiciones y beneficios aplicables a los títulos emitidos en mejora de procesos de titularización de cartera hipotecaria en los términos definidos en la presente ley y en sus normas reglamentarias pertinentes.

Cuando en expansión de esta autorización se movilicen activos de modo directa o se transfieran para su posterior movilización, se entenderá que los activos transferidos no se restituirán al patrimonio del originador ni al del emisor, en los casos en que este se encuentre en concordato, liquidación, o cualquier otro proceso de naturaleza concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 964 de 2005 o en la norma que lo sustituya o modifique.

El Gobierno Doméstico señalará los requisitos y condiciones para la emisión y colocación de los diferentes títulos que se emitan en crecimiento de procesos de titularización de activos hipotecarios, promoviendo su homogeneidad y solvencia. En todo caso, los títulos a que se refiere el presente artículo serán desmaterializados.

PARÁGRAFO. La transferencia de cualquier crédito, garantía, resolución o derecho sobre los mismos, que se realice en ampliación de procesos de movilización de activos hipotecarios de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no producirá enseres de novación y se entenderá perfeccionada exclusivamente con la transferencia del título representativo de la obligación correspondiente o mediante la cesión del resolución de leasing habitacional. Dicha cesión no creará derechos o gastos notariales ni impuesto de timbre.

En los procesos de titularización de contratos de leasing habitacional, la transferencia de la propiedad de los caudal inmuebles objeto de dichos contratos se perfeccionará en habitante de las sociedades titularizadoras, de las sociedades fiduciarias o de las otras instituciones que autorice el Gobierno Doméstico, mediante la cesión del entendimiento de leasing habitacional. Para tal objeto, en el documento de cesión correspondiente se deberá dejar constancia de que la misma tiene por fundamento exclusivo el crecimiento de un proceso de titularización del acuerdo de leasing habitacional. Sólo será necesaria la escritura pública cuando se efectúe la transferencia del dominio del inmueble a título de leasing habitacional a auspicio del locatario, una vez se ejerza la opción de adquisición y se pague su valía.

La Superintendencia Financiera tendrá, respecto de los procesos de titularización de activos a que se refiere el presente artículo, las facultades previstas en el último inciso del artículo 15 de la Ley 35 de 1993.

ARTICULO 13. DERECHOS DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS HIPOTECARIOS. En ningún caso los títulos emitidos en los procesos de titularización otorgarán a sus tenedores el derecho de solicitar o iniciar procesos divisorios respecto de la universalidad o masa que constituyen los créditos subyacentes y/o las garantías que los amparen.

ARTICULO 14. SOCIEDADES TITULARIZADORAS. Las sociedades titularizadoras de que proxenetismo la presente ley, tendrán como objeto social exclusivo la titularización de activos hipotecarios y estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Títulos.

ARTICULO 15. AUTORIZACION AL GOBIERNO. Autorízase a la Nación para que, directamente o por intermedio del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, participe en el caudal de una o más sociedades titularizadoras.

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS BONOS HIPOTECARIOS Y DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CARTERA HIPOTECARIA

ARTICULO 16. BENEFICIO TRIBUTARIO PARA LOS RENDIMIENTOS DE TÍTULOS DE Parquedad A Abundante PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA. Estarán exentos del impuesto de renta y complementarios, los rendimientos financieros causados durante la vigencia de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios de que prostitución la presente ley, siempre que el plazo previsto para su vencimiento no sea inferior a cinco (5) años. Los títulos y bonos aquí previstos, podrán dividirse en cupones representativos de haber y/o intereses. En todo caso, los títulos o bonos deberán contemplar condiciones de amortización simi lares a las de los créditos que les dieron origen.

Para mercancía de disfrutar del beneficio de que negociación este artículo, los títulos o bonos no podrán ser readquiridos o redimidos por su emisor.

Divertirseán del beneficio aquí consagrado los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y los bonos hipotecarios de que comercio la presente ley, que se coloquen en el mercado internamente de los merienda (11) años siguientes a la momento de expedición de la presente ley.

En ningún caso el componente inflacionario o mantenimiento de valencia de dichos títulos o bonos constituirá un ingreso gravable.

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA A Prolongado PLAZO

ARTICULO 17. CONDICIONES DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA INDIVIDUAL. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo primero de la presente ley, el Gobierno Franquista establecerá las condiciones de los créditos de vivienda individual a generoso plazo, que tendrán que estar denominados exclusivamente en UVR, de acuerdo con los siguientes criterios generales:

1. Estar destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada o a la construcción de vivienda individual.

2. Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberán expresarse única y exclusivamente en términos de tasa anual efectiva.

3. Tener un plazo para su amortización comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo.

4. Estar garantizados con hipotecas de primer cargo constituidas sobre las viviendas financiadas.

5. Tener un monto máximo que no exceda el porcentaje, que de forma caudillo establezca el Gobierno Franquista, sobre el valencia de la respectiva mecanismo habitacional, sin perjuicio de las normas previstas para la financiación de vivienda de interés social subsidiable.

6. La primera cuota del préstamo no podrá representar un porcentaje de los ingresos familiares superior al que establezca, por reglamento, el Gobierno Doméstico.

7. Los sistemas de amortización tendrán que ser expresamente aprobados por la Superintendencia Bancaria.

8. Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a nominar si el monto abonado disminuye el valía de la cuota o el plazo de la obligación.

9. Para su otorgamiento, el establecimiento de crédito deberá obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con almohadilla en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de forma que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente protegido.

10. Estar asegurados contra los riesgos que determine el Gobierno Franquista.

PARAGRAFO. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los establecimientos de crédito y todas las demás entidades a que se refiere el artículo 1 o. de la presente ley, podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda judicial colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna. Se aplicarán a estas operaciones todas las demás disposiciones previstas en esta ley para los créditos destinados a la financiación de vivienda individual.

Adicionalmente y a solicitud del deudor, las obligaciones establecidas en UPAC por los establecimientos de crédito y por todas las demás entidades a que se refiere el artículo 1 o. de la presente ley, podrán redenominarse en moneda legítimo colombiana en las condiciones establecidas en el inciso preliminar.

ARTICULO 18. DESEMBOLSOS. Los créditos a que se refiere el artículo antecedente podrán ser desembolsados por los establecimientos de crédito en moneda lícito o a solicitud del deudor, en bonos hipotecarios expresados en UVR, en los términos que establezcan las Superintendencias Bancaria y de Títulos, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. En todo caso, los créditos destinados a la financiación de vivienda de interés social tendrán que ser desembolsados en moneda judicial colombiana y podrán ser otorgados en moneda justo colombiana.

ARTICULO 19. INTERESES DE MORA. En los préstamos de vivienda a generoso plazo de que proxenetismo la presente ley no se presumen los intereses de mora. Sin secuestro, cuando se pacten, se entenderá que no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente podrán cobrarse sobre las cuotas vencidas. En consecuencia, los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación hasta tanto no se presente la correspondiente demanda contencioso o se someta el incumplimiento a la razón arbitral en los términos establecidos en la correspondiente cláusula compromisoria. El interés moratorio incluye el remuneratorio.

ARTICULO 20. HOMOGENEIDAD CONTRACTUAL. La Superintendencia Bancaria establecerá condiciones uniformes para los documentos contentivos de las condiciones del crédito y sus garantías, mediante los cuales se formalicen las operaciones activas de financiación de vivienda individual a derrochador plazo.

Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito expedirán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los intereses a avalar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicará de forma expresa, que los cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con saco en dicha información los deudores podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su verdadero capacidad de cuota, pudiéndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total.

ARTICULO 21. DEBER DE INFORMACION. Los establecimientos de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus créditos, en los términos que determine la Superintendencia Bancaria.

Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito dirigirán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información en las condiciones del presente artículo.

ARTICULO 22. PATRIMONIO DE Comunidad. Los deudores de créditos de vivienda individual que cumplan con lo previsto en la presente ley podrán constituir, sobre los inmuebles adquiridos, patrimonio de clan inembargable por el valía total del respectivo inmueble, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 60 de la Ley 9a. de 1989 y 38 de la Ley 3a. de 1991.

Lo previsto en el inciso precursor sólo tendrá emoción cuando el crédito de vivienda haya sido otorgado por un valía equivalente como mínimo al cincuenta por ciento (50%) del valía del inmueble. El patrimonio de grupo así constituido perderá su vigencia cuando el saldo de la deuda represente menos del vigésimo por ciento (20%) de dicho valencia.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso preparatorio, una vez constituido el patrimonio de tribu inembargable y mientras que la deuda se encuentre actual, éste no podrá ser encaramado sin la autorización del fiador hipotecario. Dicha autorización deberá protocolizarse en la escritura pública mediante la cual se solemnice el acto.

ARTICULO 23. DERECHOS NOTARIALES Y GASTOS DE REGISTRO. Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a valimiento de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para respaldar un crédito de vivienda individual, se rebajarán al setenta por ciento (70%) de la tarifa ordinaria aplicable. La cancelación de gravámenes hipotecarios de créditos para vivienda se considerará acto sin cuantía.

Para artículos de los derechos notariales y gastos de registro, la constitución del patrimonio de grupo de que prostitución el artículo 22. cuya inembargabilidad se entenderá levantada únicamente a amparo del demandante hipotecario que financió su adquisición, o de quien lo suceda en sus derechos, en todos los casos se considerará como un acto sin cuantía.

ARTICULO 24. CESION DE CREDITOS. En cualquier momento, los créditos hipotecarios para vivienda individual y sus garantías podrán ser cedidos, a petición del deudor, a merced de otra entidad financiera o de cualquiera de las entidades a que se refiere el parágrafo del artículo 1 o de la presente ley.

Para tal sensación, las entidades a que se refiere el artículo 1 o de la presente ley o las sociedades titularizadoras o sociedades fiduciarias, según el caso, autorizarán, en un plazo no maduro de diez (10) días hábiles, la cesión del crédito y sus garantías, una vez el deudor entregue la propuesta vinculante del nuevo reclamante. La superintendencia financiera reglamentará las condiciones para la legalización de las cesiones.

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Dicha cesión se entenderá perfeccionada exclusivamente con la transferencia del título representativo de la obligación correspondiente y tendrá los existencias previstos por el artículo 1964 del Código Civil. En cualquier caso a garantía hipotecaria cedida en expansión de lo dispuesto en el presente artículo, respaldará el crédito desembolsado por el nuevo digno para el cuota de la cesión.

La cesión de créditos no suscitará derechos notariales, registrales e impuestos de timbre.

ARTICULO 25. CREDITO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. A los créditos que se otorguen para financiar proyectos de construcción de vivienda les será aplicable lo dispuesto en el artículo 17. numerales 2, 4, y el artículo 18 antedicho. El Gobierno Doméstico establecerá las demás condiciones para el otorgamiento y los desembolsos de estos créditos, así como los sistemas de subrogación en la medida en que se vendan las viviendas construidas.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

ARTICULO 26. Los planes de ordenamiento territorial deberán contemplar zonas amplias y suficientes para la construcción de todos los tipos de vivienda de interés social definidos por los planes de ampliación y por las reglamentaciones del Gobierno de tal modo que se garantice el cubrimiento del déficit habitacional para la vivienda de interés social.

Con el propósito de asegurar la reactivación de la construcción en beneficio de los adquirentes, amplíase hasta el 30 de junio del año 2000, el plazo para que los municipios, distritos y la Isla de San Andrés adopten los planes de ordenamiento territorial previstos en la Ley 388 de 1997 y prorróganse por tres (3) meses los plazos contemplados en la Ley 505 de 1999, excepto los del artículo 10 de dicha ley.

El Gobierno Doméstico establecerá estímulos en materia de asignación de fortuna para vivienda, dotación e infraestructura viario y de servicios, que no constituyan transferencias, dirigidos a los municipios y distritos que hayan acogido su plan de ordenamiento territorial antiguamente del 30 de junio del año 2000.

PARAGRAFO 1o. Para aquellos municipios que se erijan con posterioridad a la promulgación de esta ley establécese el plazo hasta por dos (2) años, contados a partir de la elección del primer corregidor municipal para que adopten los planes de ordenamiento territorial previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos para tales género y referidos en la Ley 388 de 1997 y las concordantes que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO 2o. Amplíase el plazo hasta por un año más, contado a partir de la vigencia de la presente ley para los municipios que hayan sido erigidos internamente del año precedente a la promulgación de esta misma ley, para que adopten los planes de ordenamiento territorial previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos para tales pertenencias y referidos en la Ley 388 de 1997 y las concordantes que la modifiquen o adicionen.

ARTICULO 27. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS Posibles DEL SUBSIDIO PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Los posibles nacionales del subsidio habitual para vivienda de interés social previstos en la Ley 3a. de 1991, se distribuirán según lo establezca el reglamento que para el huella expida el Gobierno Doméstico, el cual deberá contemplar, entre otros, criterios técnicos que maximicen el beneficio social de las respectivas inversiones, contribuya regionalmente a la equidad, permita atender las calamidades originadas por desastres naturales, potencialicen los programas de VIS por autogestión o sistemas asociativos y el mejoramiento de la vivienda VIS.

ARTICULO 28. OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO DE DESTINAR Medios A LA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Las entidades financieras deberán destinar anualmente, durante los cinco (5) años siguientes a la vigencia de la presente ley, como mínimo el veinticinco por ciento (25%) del incremento de la cartera bruta de vivienda, al otorgamiento de crédito para financiar la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda de interés social. El Gobierno Franquista reglamentará el porcentaje y las condiciones especiales que deberán destinarse a la vivienda de los minusválidos.

La obligación prevista en el inciso primero del presente artículo se entenderá cumplida si las respectivas entidades demuestran que, durante el período estipulado, efectuaron inversiones en bonos hipotecarios o títulos hipotecarios originados en procesos de titularización de cartera de vivienda de interés social subsidiable por la misma cuantía.

PARAGRAFO. Para toda la vivienda de interés social la tasa de interés remuneratoria no podrá exceder de merienda (11) puntos durante el año subsiguiente a la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 29. DESTINACIÓN DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. < Párrafo 1o. con el título modificados por el artículo 1 de la Ley 1114 de 2006. El nuevo texto es el posterior:> De conformidad con el artículo 51 y el numeral 2 del artículo 359 de la Constitución Doméstico, de los capital del Presupuesto Franquista se asignará una suma anual como mínimo equivalente a un millón cuatro mil novecientos uno (1.004.901) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el objeto de destinarlos al otorgamiento de Subsidios de Vivienda de Interés Social Urbana y Rural. La partida presupuestal de que negociación este artículo no podrá ser objeto en ningún caso de recortadura presupuestal.

Para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política de Colombia las entidades del Estado o de carácter heterogéneo, que promuevan, financien, subsidien o ejecuten planes de vivienda de interés social subsidiable, directa o indirectamente diseñarán y ejecutarán programas de vivienda urbana y rural, especialmente para las personas que devengan hasta dos (2) salarios mínimos y para los desempleados. Dichos programas se realizarán en distintas modalidades en los términos de la Ley 3a. de 1991.

PARAGRAFO 1o. < Parágrafo modificado por el artículo 1 de la Ley 1114 de 2006. El nuevo texto es el posterior:> El Gobierno destinará anualmente el 20% de los posibles presupuestales apropiados para VIS rural. Al final de cada vigencia si no se hubiese colocado el total de los posibles en la vivienda rural, el remanente se destinará a atender la demanda urbana.

PARAGRAFO 2o. < Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1114 de 2006. El nuevo texto es el sucesivo:> Los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares; los oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutor, agentes de la Policía Doméstico; el personal civil al servicio del Empleo de Defensa Doméstico, de las Fuerzas Militares y de Policía Doméstico; el personal docente oficial; los docentes vinculados a establecimientos educativos privados; los trabajadores independientes y quienes devenguen salario integral, podrán afiliarse al Fondo Franquista de Parquedad. La afiliación se hará previa solicitud del interesado a través de capital voluntario de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Franquista.

En ningún caso este capital voluntario hará parte del reducción ordinario que a la Caja de Vivienda Marcial hagan los oficiales, suboficiales, nivel ejecutante, agentes, soldados profesionales, y personal civil o no uniformado del Servicio de Defensa Doméstico, Fuerzas Militares y Policía Franquista. Las cesantías de este personal continuarán siendo transferidas a la Caja Promotora de Vivienda Marcial y de Policía para su administración, conforme lo establecido en el Decreto 353 de 1994, modificado por la Ley 973 de julio de 2005.

Los colombianos residentes en el foráneo podrán afiliarse al Fondo Doméstico del Hucha bajo las mismas condiciones previstas en el presente parágrafo.

PARÁGRAFO 3o. <*Texto corregido en los términos de la Sentencia C-458-15 > < Parágrafo modificado por el artículo 1 de la Ley 1114 de 2006. El nuevo texto es el subsiguiente:> Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos los proyectos de vivienda la encargo de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien (100) viviendas de una de ellas para la población minusválida <*en situación de discapacidad>. Las viviendas para minusválidos no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas para dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones que para el impacto expida el Gobierno Franquista.

ARTICULO 30. GARANTÍAS PARA BONOS HIPOTECARIOS PARA FINANCIAR CARTERA VIS SUBSIDIABLE Y PARA TÍTULOS EMITIDOS EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA VIS SUBSIDIABLE. El Gobierno Doméstico, a través de Fogafín, otorgará garantías para los bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y para títulos emitidos en procesos de titularización de cartera VIS subsidiable, que emitan los establecimientos de crédito, en los términos y con las condiciones que señale el Gobierno Franquista.

Los capital del subsidio para vivienda de interés social podrán destinarse al otorgamiento de estas garantías. La cuantía de tales capital será la correspondiente a la prima asumida o al cuota de la contingencia, cuando fuere el caso y será adicional a las sumas que se destinen en el presupuesto doméstico al otorgamiento de subsidio directo a patrocinio de los adquirentes de vivienda de interés social subsidiable.

La reunión directiva del Inurbe, con el voto benévolo del Ministro de Incremento Econóadefesio, determinará el monto de los posibles adicionales que podrán otorgarse en forma de garantía para los fines expresados en el inciso mencionado.

También podrán otorgarse en forma de compromisos gubernamentales para atender un porcentaje de cada una de las cuotas periódicas a cargo de los deudores de préstamos de vivienda de interés social o para cubrir parte del canon de arrendamiento en los términos y con las condiciones que establezca el Gobierno Franquista.

PARAGRAFO. Cuando los subsidios de interés social se otorguen en forma de garantías, la contingencia correspondiente deberá estimarse sobre bases técnicas, para pertenencias de cuantificar la correspondiente asignación.

ARTICULO 31. DERECHOS NOTARIALES Y GASTOS DE REGISTRO. Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a patrocinio de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para respaldar un crédito de vivienda individual de interés social no subsidiable, se malvenderán al cuarenta por ciento (40%) de la tarifa ordinaria aplicable.

Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a confianza de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para respaldar un crédito de vivienda individual de interés social, que en razón de su cuantía pueda ser objeto de subsidio directo, se derretirán al diez por ciento (10%) de la tarifa ordinaria aplicable.

Para bienes de los derechos notariales y gastos de registro, la constitución del patrimonio de comunidad de que alcahuetería el artículo 22. cuya inembargabilidad se entenderá levantada únicamente a distinción del reclamante hipotecario que financió su adquisición, o de quien lo suceda en sus derechos, en todos los casos se considerará como un acto sin cuantía. Igualmente la cancelación de los gravámenes será considerado un acto sin cuantía.

PARAGRAFO. Lo previsto en el presente artículo, se aplicará sin perjuicio de las normas que establezcan tarifas más favorables, respecto de actos relativos a viviendas de interés social.

ARTICULO 32. Bienes DE FINAGRO PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL. Destínese el vigésimo por ciento (20%) de los bienes provenientes de las inversiones forzosas con que cuenta Finagro, a la financiación de vivienda de interés social rural, adecuadamente sea para la construcción de programas o para la adquisición, mejoramiento y construcción individual en sitio propio, en las condiciones que para el propósito establezca la Comisión Doméstico de Crédito Agropecuario, con sujeción a lo dispuesto por el Consejo Superior de Vivienda.

PARAGRAFO 1o. En aquellos casos en que por razón de la demanda los fortuna previstos en el presente artículo no se utilicen, Finagro podrá destinarlos al fomento agríhuesito dulce a través del financiamiento de las actividades agropecuarias de conformidad con las disposiciones vigentes y su objeto social.

PARAGRAFO 2o. Para los enseres de lo previsto en este artículo, Finagro realizará de forma permanente actividades tendientes a promocionar esta línea de financiamiento.

ARTICULO 33. BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO. Los beneficiarios de subsidio de vivienda que habiendo perdido la misma por imposibilidad de suscripción, podrán obtener de nuevo el subsidio de vivienda por una sola vez más y previa solicitud a las instituciones encargadas de su asignación.

ARTICULO 34. APLICACIÓN A LOS CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Lo dispuesto en la presente ley será aplicable a los créditos para construcción y financiación de vivienda de interés social en lo que no contradiga sus disposiciones especiales.

Para enseres de la presente ley, se entenderá por vivienda de interés social la que cumpla los requisitos establecidos por la legislación vivo en esta materia.

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

ARTICULO 38. DENOMINACION DE OBLIGACIONES EN UVR. En el interior de los tres (3) meses siguientes a la plazo de vigencia de la presente ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR, según la equivalencia que determine el Gobierno Doméstico. Vencido este término sin que se hayan modificado los documentos en que consten tales obligaciones, éstas se entenderán expresadas en UVR, por empleo de la presente ley.

PARAGRAFO.  Las entidades financieras quedan facultadas para liberar en forma anticipada los títulos títulos denominados en UPAC. Igualmente, a elección del deudor, se podrán denominar las cuentas de reducción y demás pasivos, en UVR o en pesos.

ARTICULO 39. ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENTIVOS DE LAS CONDICIONES DE LOS CRÉDITOS. Los establecimientos de crédito deberán ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda individual a amplio plazo, desembolsados con antelación a la aniversario de vigencia de la presente ley a las disposiciones previstas en la misma. Para ello contarán con un plazo hasta de ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de la presente ley.

No obstante lo preliminar, los enriquecerés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por servicio de la presente ley.

PARAGRAFO 1o. La reliquidación de los créditos en los términos de que comercio el presente capítulo y los correspondientes documentos en los que consten las condiciones de los créditos de vivienda individual a extenso plazo, no constituirá una novación de la obligación y por lo tanto, no causará impuesto de timbre.

PARAGRAFO 2o. Internamente de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley. y a solicitud de quien al 31 de diciembre de 1999, pueda acreditar que se encuentra atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de otra persona natural o jurídica, podrá requerir a las entidades financieras para que actualicen la información y se proceda a la respectiva subrogación, siempre y cuando demuestre tener la capacidad de cuota adecuada. Obtenida la subrogación, dichos créditos podrán ser objeto de los abonos previstos en este artículo.

ARTICULO 40. INVERSION SOCIAL PARA VIVIENDA. Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado trastornará las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a dispendioso plazo y para contribuir a la formación del parquedad que permita formar la cuota auténtico de los deudores que hayan entregado en dación en plazo sus viviendas, en los términos previstos en el artículo 46.

PARAGRAFO 1o. Los abonos a que se refiere el presente artículo solamente se harán para un crédito por persona. Cuando quiera que una persona tenga crédito individual a grande plazo para más de una vivienda, deberá nominar aquel sobre el cual se hará el humus e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si existiera más de un crédito para la financiación de la misma vivienda, el suscripción podrá suceder sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido reestructurado en una misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en cuenta la vencimiento del crédito originalmente pactado.

PARAGRAFO 2o. Quien acepte más de un estiércol en violación de lo dispuesto en este numeral, deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos que hubiera recibido en progreso de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de bienes públicos. La restitución de las sumas abonadas por fuera del plazo antaño señraudo deberá llevarse a cabo con intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley.

ARTICULO 41. ABONOS A LOS CREDITOS QUE SE ENCUENTREN AL DIA. Los abonos a que se refiere el artículo preliminar se harán sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los préstamos otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a dispendioso plazo así:

1. Cada establecimiento de crédito tomará el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1999, de cada uno de los préstamos, que se encuentren al día el último día hábil bancario del año de 1999.

Para artículos de determinar el saldo total de cada obligación, se adicionará el valía que en la misma momento tuviere el crédito otorgado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, en virtud de lo dispuesto por los artículos 11 y 12 del Decreto Extraordinario 2331 de 1998, cuando fuere del caso.

2. El establecimiento de crédito reliquidará el saldo total de cada uno de los créditos, para cuyo objetivo utilizará la UVR que para cada uno de los días comprendidos entre el 1o. de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, publique el Empleo de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la metodología establecida en el Decreto 856 de 1999.

3. El Gobierno Franquista abonará a las obligaciones que estuvieren al día el 31 de diciembre de 1999 el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación indicada en el numeral aludido, mediante la entrega de los títulos a que se refiere el parágrafo 4o. del presente artículo, o en la forma que lo determine el Gobierno Doméstico.

PARAGRAFO 1o. Para la reliquidación de los saldos de los créditos destinados a la financiación de vivienda individual de prolongado plazo, otorgados por los establecimientos de crédito en moneda permitido, se establecerá una equivalencia entre la DTF y la UPAC,en los términos que determine el Gobierno Doméstico, con el fin de comparar el comportamiento de la UPAC con el de la UVR, a posesiones de que tengan la misma deducción que la correspondiente a los créditos pactados en UPAC.

PARAGRAFO 2o. Los establecimientos de crédito tendrán un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la presente ley para efectuar la reliquidación. Los intereses de mora a que hubiere lado por concepto de cuotas de amortización no atendidas durante este intervalo, serán descontados del valencia que al deudor deudor le correspondiere por concepto del fertilizante para la reducción del saldo de su crédito.

PARAGRAFO 3o. Si los beneficiarios de los abonos previstos en el presente artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valía del fertilizante recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Franquista títulos a los que se refiere el parágrafo cuarto del presente artículo por dicho valencia. En todo caso si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Franquista la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada.

PARAGRAFO 4o. El Gobierno Doméstico queda calificado para emitir y entregar Títulos de Tesorería, TES, denominados en UVR y con el rendimiento que éste determine, con pagos mensuales, en las cuantías requeridas para atender la cancelación de las sumas que se abonarán a los créditos hipotecarios. Dichos títulos serán emitidos a diez (10) años de plazo. Estas operaciones sólo requerirán para su validez del decreto que ordene su emisión y determine las condiciones de los títulos, que podrán emitirse con cargo a vigencias futuras y con colchoneta en los bienes provenientes de las inversiones forzosas establecidas por la presente ley.

ARTICULO 42. Estiércol A LOS CREDITOS QUE SE ENCUENTREN EN MORA. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40. siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, interiormente de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley.

Cumplido lo preliminar. la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.

A su turno, el Gobierno Franquista procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 aludido, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41.

PARAGRAFO 1o. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valía del ingreso recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Franquista títulos a los que se refiere el parágrafo 4o. del artículo 41. por dicho valencia. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Franquista la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada.

PARAGRAFO 2o. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 mencionado, así como lo previsto en los parágrafos 1o. y 2o. del mismo artículo.

PARAGRAFO 3o. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que interiormente de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario. tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el árbitro respectivo. En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si internamente del año sucesivo a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía.

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
“Leyes desde 1992 – Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad”
ISSN [1657-6241 (En linea)]
Última actualización: 30 de diciembre de 2016
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